Comentario

El estancamiento agrícola, manufacturero y comercial, con el consiguiente empobrecimiento de la población, produjo numerosas situaciones donde afloraba una conflictividad social cada vez mayor, y en ocasiones violenta. Los ejemplos que se pueden dar de su diversa casuística son numerosos. En ocasiones se deben a la indigencia de los artesanos por la crisis manufacturera, como sucedió en Valencia donde, desde 1794, se venían expidiendo por las autoridades licencias para que pudieran mendigar a los artesanos sederos en paro, los cuales fueron protagonistas en 1801 de los motines que vivieron entonces la ciudad y su huerta con motivo de la cuestión de las milicias.
Las manufacturas estatales se vieron también envueltas en conflictos laborales de cierta envergadura. En la Real Fábrica de hilados y tejidos de algodón de Avila hubo huelgas en 1797 y 1806, al exigir los trabajadores aumentos salariales, apareciendo pasquines amenazadores para las autoridades; y en 1797 los de la fábrica de Guadalajara, que reunía en sus talleres a unos 4.000 obreros, fueron protagonistas de alborotos callejeros por la carestía y la mala calidad de la hilaza, necesitándose para sofocarlos la intervención de una fuerza militar de 3.000 hombres con acompañamiento de artillería, dirigida por el teniente general Jorge Juan de Guillelmo, ante el temor de que el conflicto tuviera connotaciones políticas. Las penurias durante la guerra con la Convención impidieron abonar los salarios a los obreros de los astilleros de El Ferrol que, en mayo de 1795, se amotinaron.

En otros lugares, sobre todo en la Andalucía occidental, las causas de la conflictividad, como ha puesto de manifiesto Antonio Miguel Bernal, estuvieron directamente relacionadas con la cuestión señorial de la que han dejado testimonio los contemporáneos, como Antonio Ponz, quien escribió en 1791 refiriéndose a la situación del campo andaluz que los señores no ven las miserias de sus vasallos ni oyen sus lamentos. El intento de recuperar baldíos y comunales, usurpados al común por los señores, y la cascada de pleitos contra ciertos monopolios señoriales fueron las armas frecuentemente utilizadas en la lucha en torno a la tierra y su renta. En Galicia, como ha señalado Ofelia Rey, el número de pleitos por montes que llegaron a la Audiencia se incrementó notablemente a partir de 1790 en el marco general de un modelo agrario intensivo, basado en el maíz, que había agotado sus últimas posibilidades. También hubo una contestación creciente y generalizada al pago del diezmo y al incremento de la fiscalidad, si bien no llegaron a provocar revueltas, salvo en algunas zonas de Asturias y Galicia. En Guipúzcoa, tras la ocupación francesa durante la guerra de la Convención, la huelga de diezmadores afectó de manera importante a los ingresos del clero, y en Valencia los arriendos diezmales cayeron bruscamente en 1800 y la revuelta campesina de septiembre de 1801 se dirigió en algunos lugares contra los diezmos.